El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) celebra la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de ley que consagra la llamada “Cláusula de Conciencia” -el derecho del periodista a negarse a plegarse a la línea editorial del medio para el que trabaja y a tener espacios en el propio medio para replicar a su patronal- y la ampliación de la vigencia del Estatuto del Periodista a los medios digitales, dos reivindicaciones históricas por las que lucharon las trabajadoras y trabajadores de prensa de la actividad.
La Cámara de Diputados sancionó, por un lado, la ampliación del Estatuto del Periodista a los periodistas y administrativos de medios digitales, una incorporación que había sido forzada por los reclamos individuales de muchos trabajadores pero que no estaba reconocida por la ley.
Además, le dio el visto bueno a una vieja aspiración de los trabajadores, que estaba en debate en la Cámara baja desde 2011: la Cláusula de Conciencia. Este precepto tiene una doble finalidad: el primero es la posibilidad para el trabajador de prensa de negarse a escribir una nota contraria a su posicionamiento ideológico, en un acto de protección de la libertad de expresión; se fija, incluso, la posibilidad de cobrar una indemnización cuando cambia -contra su pensamiento- la línea ideológica del medio en el que el periodista trabaja, aun en caso de una renuncia voluntaria. Creemos, sin embargo, que deberían incorporarse otras herramientas para que la alternativa no sea el “despido indirecto”, teniendo en cuenta que un derecho no se puede garantizar a costa de la pérdida del empleo.
El ejemplo que acaban de dar los trabajadores del diario La Nación, producto de su lucha, que consiguieron quebrar la línea editorial de su patronal que llamaba a poner fin a los juicios a los genocidas, tendrá un mecanismo institucional para convertirse en regla en caso de que se apruebe este proyecto.
Consideramos, con las limitaciones que señalamos, que se trata sin dudas de un avance sustantivo en los derechos de los trabajadores de prensa y el reconocimiento de que es necesario institucionalizar instancias de participación y debate de los trabajadores dentro de los medios, en la convicción que la información es un bien social y no una mercancía propiedad del patrón.