Guillermo Gianibelli y León Piasek, abogados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, concurrieron a la actividad promovida por el MPF en defensa del Fuero Laboral y, en línea con las exposiciones de los disertantes, alertaron sobr el riesgo de que los Juzgados Nacionales en lo Laboral paen a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese contexto, la procuradora general de la Nación presentó el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal en el Fuero Nacional del Trabajo y el Programa Especializado en Derechos del Trabajo. Junto al fiscal general Eduardo Álvarez y el juez de la Cámara del Trabajo, Roberto Pompa, Alejandra Gils Carbó detalló las medidas que se adoptarán para mejorar las condiciones edilicias y laborales de las fiscalías del fuero y las competencias del Programa, que estará a cargo del propio Álvarez, junto a la fiscal general adjunta de esa dependencia del MPF, Cristina Prieto, y el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N°5, Juan Manuel Domínguez.
Al iniciar su discurso, la procuradora Gils Carbó expresó: “Siempre supimos que existía una deuda pendiente desde mucho tiempo antes con el fuero laboral. Una deuda que hoy empezamos a saldar”.
El auditorio de la Procuración General de la Nación ubicado en el centro porteño se colmó desde las 15:00 de jueces y fiscales del fuero, trabajadores de las fiscalías, dirigentes de todas las centrales sindicales, además del superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, y de otros líderes sindicales que apoyaron la iniciativa, de todas las asociaciones de abogados laboralistas, de académicos y de representantes de cooperativas, fábricas recuperadas, de trabajadores de la economía popular y de los tres sindicatos judiciales.
Durante su discurso, Gils Carbó recordó que como fiscal ante la Cámara Comercial debió intervenir en infinidad de casos en los que la ley de concursos y quiebras perjudicaba a los trabajadores y puntualizó en las dificultades que enfrentaban las fábricas recuperadas que “en un caso, por ejemplo, perdieron miles de pesos, en aquel momento dólares, porque solamente se los notificaba por edictos, lo que significa que perdían su dinero por no leer el Boletín Oficial todos los días”.
La procuradora explicó que tanto el Plan como el Programa surgieron de un diagnóstico compartido por todos los actores del fuero -que contó con el aporte de sindicatos, sindicatos, académicos, abogados laboralistas y organizaciones sociales- que concluyó en la necesidad de “contar con mayores recursos para hacer frente al crecimiento exponencial de la cantidad de causas que allí tramitan y la sobrecarga de trabajo que afrontan juzgados y fiscalías”. Este análisis incluso fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su acordada N°18 afirmó que existe una “situación excepcional de extrema gravedad institucional que requiere medidas urgentes destinadas garantizar el servicio de justicia”.
En tanto, el juez Roberto Pompa agradeció la invitación y subrayó que fue “el acto más importante del Ministerio Público” de toda su carrera de 40 años en el fuero. “Este plan pretende dotar al Ministerio Público de una activa participación de la defensa de los intereses y del ordenamiento jurídico, en la defensa de los intereses sociales, los intereses colectivos, los intereses individuales que son irrenunciables y especialmente con la defensa de la Constitución nacional y de los tratados internacionales”, reparó. También, recordó el fallo de 2013 de la Corte Interamericana en el caso “Quintana Coello contra el Estado de Ecuador, que afirmó que la inamovilidad de los jueces, fiscales y funcionarios de la justicia no es un privilegio para ellos, sino que es una garantía para todos los habitantes de la Nación”.
El juez de la Cámara Nacional del Trabajo afirmó: “Quiero expresar desde la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y como juez del trabajo mi total oposición al proyecto de traspaso de la justicia nacional del trabajo al ámbito de la Ciudad. Es un proyecto inconsulto, que no lo quieren ni los jueces, ni los funcionarios del trabajo. No lo quieren los empleados que se desempeñan en la justicia del trabajo. No lo quieren los abogados laboralistas, no lo quieren los sindicatos y ni los actores sociales”.
Por su parte, el fiscal Eduardo Álvarez Tuñón destacó que “la creación del Programa implica algo más que una simple resolución. Implica un ‘darse cuenta’ de lo que implica el conflicto laboral, desde el respeto, no sólo desde la variable económica”. Además, representante del MPF ante la Cámara Nacional del Trabajo coincidió con Gils Carbó en que “la conflictividad laboral ya no está encerrada solamente en la justicia laboral, sino que atraviesa a otros fueros en problemáticas como violencia de género, trata y explotación de personas e incluso familia”. También, convocó a acercarse las distintas inquietudes a la sede del nuevo Programa “porque para poder abarcar el conflicto del trabajo en época de crisis y para responder es necesario no encerrarse” y puntualizó en que impulsará iniciativas de capacitación”.
Por último, Álvarez rechazó el proyecto de traspaso de la justicia nacional del trabajo a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y recordó que participó de la redacción de las dos acordadas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de los años ’95 y ’96 contra la misma iniciativa “por razones esencialmente constitucionales”.
