El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto al CELS, la Asociación de Abogados Laboralistas, las CTA y sindicatos como Aceiteros, ATE y Foetra, denunció en Montevideo los ataques a la prensa en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri en la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la que el órgano de la OEA analizará violaciones a los DDHH laborales.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), junto al CELS, la Asociación de Abogados Laboralistas, las CTA y sindicatos como Aceiteros, ATE y Foetra, denunciará este martes en Montevideo, Uruguay, los ataques a la prensa ocurridos en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri en una audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la que el órgano de la OEA analiza violaciones a los derechos humanos laborales.
La violación de las libertades sindicales en Perfil y en la planta de Clarín de Zepita, los ataques de patotas a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América, y las gravosas consecuencias del manejo de la pauta oficial en Página 12 -que incluyó la supresión del rol de Télam en el circuito de control-, fueron algunos de los aspectos que cubrió el documento presentado por el SiPreBA.
La delegación del sindicato que participa de la audiencia comprende a Carla Gaudensi, Secretaria de Acción Social y delegada de la agencia pública Telam; Santiago Magrone, Secretario de Relaciones Sindicales y delegado de la agencia DyN; Tomás Eliaschev, Secretario de Derechos Humanos; Mariano Suárez, delegado de la agencia Télam; más los asesores legales del sindicato León Piasek, Guillermo Gianibelli y María Alicia Calvinho.
En la audiencia, realizada en el 165mo. periodo de sesiones de la CIDH, en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, la delegación del Sipreba incluyó un capítulo en la denuncia de los sindicatos argentinos, que reproducimos a continuación:
Los ataques a la prensa. Una mirada desde los derechos humanos
(..) En el campo específico de la actividad periodística, área sensible que fue objeto de numerosos pronunciamientos por parte de la Comisión y la Corte Interamericanas, las violaciones a los derechos humanos laborales han alcanzado dos esferas: por un lado, como en otros sectores, el ámbito de la representación de los trabajadores y, por otro, la afectación del desarrollo de la misma actividad a través de mecanismos indirectos de censura explícitamente prohibidos por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el primer caso, resulta notorio el proceso de criminalización de la representación sindical que se consumó con los delegados y trabajadores de editorial Perfil S.A –una de las empresas líderes de la industria-, ya que sus delegados gremiales serán sometidos, desde el 30/10/2017, a un juicio oral de naturaleza penal en el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 12 por haber realizado un paro de actividades en un conflicto en el que trece trabajadores de prensa fueron despedidos, incluyendo a la totalidad de la Junta Electoral de los comicios internos ([1]). En un mismo sentido, en la provincia de Mendoza, se persiguió penalmente y en el fuero laboral y se obtuvo el desafuero de los delegados sindicales del Diario Uno por encabezar una protesta ante cuatro despidos operados en 2013 ([2]) y cuya sustanciación judicial finalizó este año.
El accionar represivo sobre la prensa se reflejó también, durante este período de gobierno, en el ataque de patotas –con complicidad policial- dentro de la redacción del diario Tiempo Argentino y Radio América –ingresaron y arrasaron con los elementos de trabajo-, al mismo tiempo que se perpetraron numerosos actos de represión a la prensa en las coberturas periodísticas sociales (caso Santiago Maldonado, Encuentro Nacional de Mujeres, entre tantos casos) que derivó, incluso, en la sanción unilateral de un protocolo para las fuerzas de seguridad sobre su actuación en las manifestaciones públicas que limita –en forma irrazonable e ilegal- las posibilidades de actuación de la prensa en la calle.
Asimismo, el gobierno ha utilizado la distribución de la publicidad oficial como mecanismo disciplinador de la prensa, lesionando, al mismo tiempo, las fuentes laborales y su representación, como también la libertad de expresión de medios que considera opositores. El proverbial que, en virtud del art. 13 del Pacto, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de los controles oficiales o particulares del papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas (…)”.
En el diario Página 12, los más de 250 trabajadores padecen una situación producto de la asfixia del gobierno a través del retiro de publicidad oficial con el riesgo de que el medio –de importante tradición en la Argentina- deba dejar de circular, lo mismo sucede en los medios del Grupo Indalo, como Ámbito Financiero en donde también las víctimas no son los empresarios sino los trabajadores. De igual forma, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que en la agencia de noticias y publicitaria Télam -la empresa pública destinada a intermediar en la pauta publicitaria- existe la voluntad oficial de eliminar el sector publicitario de la agencia y, con ello, la supresión de los controles sobre la equidad y transparencia de la pauta, facilitando el manejo discrecional, silenciando voces y afectando el funcionamiento laboral de los medios de comunicación. La denuncia fue reflejada en una Audiencia Pública propulsada por la Comisión Gremial Interna de la agencia y realizada el 7/11/2017 en el Congreso de la Nación con la participación de todos los bloques parlamentarios.
La Corte Interamericana ha afirmado que el art. 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone a los Estados una obligación de garantía que se ha incumplido. Así, por caso, en la Opinión Consultiva OC 5-8 del 13/11/1985 Serie A. Nro. 5, parr. 55, se ha precisado que esa “obligación de garantía” rige “aun en el ámbito de las relaciones entre particulares, pues no sólo abarca las restricciones gubernamentales indirectas sino también ‘controles’ (…) de particulares que produzcan el mismo resultado”.
Sindicato de Prensa de Buenos Aires
[1] Los acusados son Rubén Schofrin (además secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Veláquez y José Luis Quartana.
[2] Acusaron penalmente a Luciano Grenon (delegado de Diario UNO y Secretario de Acción Social del Sindicato de Prensa de Mendoza), Maximiliano Rios (delegado de Diario Uno y actual Vocal del Sindicato), Miguel Alejandro Iademarco (delegado normalizador y actual secretario Adjunto FATPren) y Manuel Molina (delegado y miembro de Comisión Directiva del Sindicato de Gráficos).
