El SiPreBA junto con CORREPI, RNMA, y el Bloque de Trabajadorxs Migrantes alertaron que por mayoría, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de dos trabajadores y una trabajadora de prensa detenidos cuando cubrían la represión policial al finalizar la marcha del 1º de septiembre del año pasado.
Cambiemos disciplinó la Cámara de Casación
Por mayoría, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de dos trabajadores y una trabajadora de prensa detenidos cuando cubrían la represión policial al finalizar la marcha del 1º de septiembre del año pasado.
Con el voto de Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, y la oposición de Carlos Alberto Mahiques, el máximo tribunal penal resolvió revocar el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones había dictado respecto de Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone, y Paola Barriga Montero, tres de las 31 personas detenidas tras la multitudinaria marcha al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, mientras que mantuvieron el sobreseimiento de Carlos Ardila Guerra, el cuarto periodista imputado.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había procesado, el año pasado, a casi todas las personas detenidas esa noche por intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. Ese fallo fue apelado por las defensas, y el 6 de diciembre de 2017 la Cámara Federal lo revocó con duros términos, a partir del análisis de las fotos y videos que demuestran que no se cometieron tales delitos. Así, dispuso la falta de mérito para procesar a la mayoría, y, en el caso de lxs trabajadorxs de prensa, decretó su sobreseimiento.
El fiscal de Cámara Germán Moldes interpuso entonces un recurso de casación, que fue sostenido por su par de Casación Raúl Plée, en el que calificó a los fotógrafos y fotógrafa como “Iracundo tropel … canallas y facinerosos… bestias… horda vandálica… con altas dosis de ‘travestismo’… a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos … tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro…” entre otra cantidad de improperios.
El 6 de junio de 2018, víspera del Día del Periodista, se realizó la audiencia oral en Comodoro Py, con una importante presencia de referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones antirrepresivas, así como del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) y el Bloque de Trabajadorxs Migrantes. Lxs abogadxs de CORREPI, desde la defensa, expusieron las falacias y tergiversaciones del planteo fiscal, y ahora, a más de un año de la movilización represaliada, la Cámara de Casación publicó su decisión contra lxs trabajadorxs de prensa.
Mientras el juez Mahiques –insospechado de cualquier desviación izquierdista- sostuvo que “la decisión [de la Cámara de Apelaciones] cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”, y votó por rechazar el recurso de los fiscales, el juez Riggi (a quien habría estado dirigida la coima de José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra) puso de cabeza todos los principios básicos del derecho penal. Con el argumento de que “pueden quedar dudas” sobre si lxs compañerxs participaron o no en los hechos reprochados, decidió que debe continuar el proceso. Literalmente deroga el principio de inocencia y la duda a favor del imputado, con frases como que es necesaria “certeza apodíctica” para sobreseer.
Descaradamente defiende el insostenible fallo del juez Martínez de Giorgi, revocado con reprimendas por la Cámara de Apelaciones por basarse en “afirmaciones dogmáticas” no sustentadas por prueba objetiva, y descree de la condición de trabajadorxs de prensa de lxs compañerxs, a pesar que se les secuestraron chalecos de prensa y cámaras, que se acompañó el video que dos de ellos, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitían en streaming live en el momento de ser detenidos y que el SiPreBA acreditó que estaban cumpliendo tareas profesionales.
Por su parte, la Dra. Catucci planteó lo “prematuro” de los sobreseimientos y adhirió al voto de Riggi.
Felizmente quedó firme la desvinculación de la causa de Carlos Ardila Guerra, en cuyo caso, pese a todos sus intentos, no pudieron demoler el cúmulo de evidencia favorable.
Este fallo pone brutalmente en evidencia el nivel de disciplinamiento que el gobierno de Cambiemos ha logrado sobre el aparato judicial en general, y muy particularmente sobre la justicia federal. No es casual la “renovación” de camaristas federales para impedir fallos contrarios a los intereses oficiales, ni la consolidación de nuevas “doctrinas” en espejo a los anuncios del ejecutivo, como aquello de que “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, y, por lo tanto, poco importa lo que el resto de las pruebas muestre.
A su vez, sabemos que estas detenciones son parte del recrudecimiento del accionar represivo que busca condicionar la libertad de expresión de aquellxs que intentamos, desde los medios alternativos, comunitarios y populares, registrar la violencia policial y las detenciones al voleo que suelen producirse en las manifestaciones populares.
Conscientes de que atravesamos un verdadero período de excepción en materia de derechos y libertades democráticas, redoblaremos los esfuerzos hasta lograr la desvinculación de la causa de todxs lxs compañerxs, y seguiremos en las calles para decir que protestar no es un delito, y comunicar no es un delito.
Contra la represión al conflicto social y a la comunicación popular, ¡Unidad, organización y lucha!
CORREPI, RNMA, SiPreBA y Bloque de Trabajadorxs Migrantes
