A más de 40 años del retorno de la democracia y a horas de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar, la Justicia ha llevado adelante más de 300 juicios por delitos de lesa humanidad en el que 1197 personas fueron condenadas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
Según los datos actualizados al 17 de marzo por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa), desde la reapertura de los juicios en 2006, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se dictaron 340 sentencias mientras que 63 causas aún aguardan fecha de inicio de debate.
En la actualidad, 14 juicios por delitos de lesa humanidad están en desarrollo a nivel nacional en distintos tribunales, distribuidos principalmente en provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias del país como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Cuatro de estos procesos judiciales se encuentran en las instancias finales próximas al veredicto. En los tribunales de Comodoro Py, se desarrolla el juicio conocido como “Superintendencia de Seguridad Federal III”, en el que se aborda seis operativos represivos ilegales realizados entre 1976 y 1977 y se analiza la responsabilidad de 17 ex agentes de la Policía Federal en los homicidios de diez militantes y los secuestros de otros dos que aún permanecen desaparecidos.
La próxima audiencia será el viernes 28 de marzo donde se darán las últimas palabras de los acusados y se conocerá la fecha de veredicto.
En tanto, otras tres causas transitan la instancia de alegatos. Los tribunales federales de Bahía Blanca tienen a cargo la denominada “Megacausa Zona V”, el mayor juicio por violación a los derechos humanos realizado al momento en esa ciudad del sur bonaerense, con un total de 34 imputados por crímenes cometidos en perjuicio de 321 víctimas.
Además, en Mar del Plata se desarrollan las audiencias el proceso oral y público de la Megacausa conocida como “La Huerta”, donde se abordan crímenes cometidos en perjuicio de más de un centenar de víctimas en 13 centros clandestinos en la Subzona 12, que abarca todo el centro de la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, también en instancia de alegatos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de Córdoba lleva adelante una causa que aborda la complicidad judicial que existió durante la última dictadura cívico militar y que tiene como único imputado al exjuez federal cordobés Carlos Otero Álvarez.
El ex juez había sido absuelto en 2017 en el denominado “juicio a los magistrados” pero esa decisión fue anulada tres años más tarde por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó su reenvío para un nuevo veredicto. El pasado 5 marzo, la fiscalía pidió siete años para el imputado de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la omisión de dar cuenta de detenciones ilegales.
Asimismo, la semana pasada el TOF N°3 de Córdoba anunció el inicio de un nuevo juicio el próximo 11 de mayo. Se trata de la causa “Civili” que tiene como único imputado al exjefe de la Sección Primera o Política del Destacamento 141 de Inteligencia del Ejército, Ernesto “Nabo” Barreiro, por privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en perjuicio de Carlos Alberto Civili y Luis Roberto Civili.
El represor multicondenado y líder carapintada es uno de los pocos genocidas que rompió el pacto de silencio y en un juicio anterior reveló el lugar donde fueron enterradas 25 personas desaparecidas en el centro clandestino de detención La Perla.
También este año, pero sin fecha de inicio confirmada, deberían comenzar en los tribunales de San Martín un juicio contra el exgerente de Mercedes Benz, Juan Rolando Tasselkraut (el próximo 4 de abril habrá inspección ocular en la fábrica de Mercedes Benz de González Catán) y otro juicio contra el gendarme Ocampo por el caso contraofensiva montonera.
En tanto, en Mar del Plata crece la expectativa por el inicio de un juicio donde se juzgará a policías y jueces por el encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en los hechos que se dieron entre 1976 y 1978 cuando aparecieron restos arrojados en el mar producto de los vuelos de la muerte y en lugar de ser identificados por las vías correspondientes, fueron enterrados como NN. Si bien la fecha aún no está definida, se cree que el juicio podría comenzar durante el segundo semestre de este año.
Sin embargo, próximo a cumplirse también 40 años del emblemático Juicio a las Juntas que dio inicio al proceso de juzgamiento de los máximos responsables del sistema criminal y los más de 300 juicios que a lo largo de estos años han escuchado el testimonio de miles de víctimas, descubierto nuevos centros clandestinos de detención y abierto el abanico de responsabilidades no sólo de las fuerzas armadas y de seguridad sino también dentro del ámbito civil, es mucho lo que aún falta resolver.
Según los últimos datos publicados por la Procuraduría, hay 258 causas recién en instancia de instrucción y otras 63 con elevación a juicio. A casi medio siglo de los hechos, el tiempo sigue corriendo y tanto víctimas, familiares como los propios acusados, mueren sin justicia.
La llamada “impunidad biológica” tiene cifras que dan cuenta de ello: de 2015 a la fecha, 1222 personas investigadas por delitos de lesa humanidad fallecieron. Otras 400 se encuentran procesadas en fase de instrucción y 502 se encuentran imputadas, de las cuales sólo 27 fueron indagadas y esperan la resolución de su situación procesal.
“Durante los casi 20 años de transcurso de estos juicios, ha habido y persiste la lentitud en los juzgados de instrucción para investigar así como en los tribunales orales, salvo excepciones, para hacer las audiencias que se realizan una vez por semana o cada 15 días, ya que no terminan de comprender la necesidad de que estos juicios tengan prioridad y se desarrollen con mayor celeridad por la edad avanzada de testigos, querellantes y genocidas”, alerta Pablo Llonto, periodista y abogado defensor de Derechos Humanos.
Llonto advierte que todavía falta “juzgar a miles de responsables que quedan en todo el país por los crímenes cometidos” y remarca que aproximadamente “un 60 por ciento de las víctimas todavía no tuvieron respuestas y sigue aguardando la realización de un juicio oral”.
A la ya denunciada lentitud de los procesos judiciales, se suma la gestión de gobierno actual de Javier Milei que viene desmantelando políticas públicas de derechos humanos a mansalva con ajuste, censura y despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, sitios de memoria, trabajadores que realizaban tareas de archivo, así como equipos de investigación y de abogados fundamentales para los juicios de lesa.
“El grueso de las acciones para obstaculizar el desarrollo de los juicios nacen del Poder Ejecutivo que ha intentado destruir a cero todos los organismos y equipos que contribuyen con aporte de prueba a los juicios”, enfatiza Llonto.
Sólo por poner un ejemplo, el Ministerio de Defensa contaba con 13 investigadores a cargo de la revisión de los documentos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para aportar pruebas de los crímenes realizados. Ese equipo fue desarmado completamente.
Ante este avance despiadado, los organismos de derechos humanos han pedido a la Justicia que tome cartas en el asunto y se obtuvieron algunas respuestas como la reincorporación de algunos trabajadores de los Sitios o la reciente medida dictada por la jueza Alicia Vence de San Martín de no innovar respecto de un traslado de papeles y cajas de archivos de la Armada.
Asimismo, el juez federal Daniel Rafecas se va a apersonar el próximo 27 de marzo en el ex centro clandestino Club Atlético para comprobar las denuncias sobre destrucción de prueba y omisiones, para supervisar el estado del excentro clandestino que requiere de obras de mantenimiento urgentes.
En las vísperas de otra conmemoración por el 24 de marzo, y tras todo el arduo camino recorrido, organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y la sociedad argentina toda, merecen Memoria, Verdad y Justicia. Para eso, es fundamental que los juicios sigan y se aceleren sus tiempos.
Nota producida por la cobertura especial 24MxMediosPúblicos
21 de marzo 2025
