Comunicado del CELS – 21/10/21
Bolivia: violaciones a la libertad de expresión
Junto con la Red Andina de Información y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos al Estado Plurinacional de Bolivia por hechos de violencia contra trabajadores y medios de comunicación comunitarios en los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019.
José Aramayo es el jefe de medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En noviembre de 2019 fue atacado en medio de una conferencia de prensa organizada para aclarar la posición política de los campesinos afines al MAS. Durante el acto ingresaron personas armadas que agredieron a les campesines acusándolos de masistas. A Aramayo lo llevaron al exterior y lo ataron a un árbol durante varias horas mientras lo insultaban y amenazaban con darle “un castigo ejemplificador”.
Sebastián Moro era un periodista argentino que residía en Bolivia desde 2017. Trabajaba en el semanario Prensa Rural y conducía programas de Radio Comunidad, ambos medios de la CSUTCB. El mismo día en el que José Aramayo fue agredido se perdió comunicación con Sebastián, quien se encontraba informando lo que ocurría en Bolivia. Sebastián fue encontrado en su casa con la puerta abierta y semi inconsciente. Fue trasladado a una clínica en la que le diagnosticaron estado de ebriedad. Luego, se descubrieron hematomas y rasguños en su cuerpo que, según lo confirmó un médico que lo atendió, se corresponderían con una fuerte golpiza. Sebastián falleció el 16 de noviembre. Desde ese día su familia busca conocer la verdad. (Nota del SiPreBA: Sebastián Moro también era compañero corresponsal de Página/12)
La Kawsachun Coca es la emisora de radio de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y acompaña a organizaciones sociales de base. Cuando en octubre de 2019 comenzó a transmitir en directo las manifestaciones empezó a recibir amenazas cuyo pico máximo se dio el 8 de noviembre, cuando se incendió el edificio donde funcionaba una de sus sedes más importantes. El amedrentamiento continuó al punto que les trabajadores temían por acercarse al edificio y seguían recibiendo amenazas. Poco después, también fueron dañados los equipos de transmisión de otra sede en San Ignacio de Moxos.
En ese contexto político y social, las radios comunitarias que suelen emitir en lengua indígena se transformaron en la fuente principal de información de muchas comunidades indígenas y campesinas. Por haber sido calificadas como afines al MAS fueron víctimas de diversos ataques.
Todos estos casos son parte de la presentación que realizamos junto a la Red Andina de Información (AIN) y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) ante Irene Khan, Relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas. En el escrito, solicitamos se declare la responsabilidad del Estado Plurinacional por la violación al derecho a la libertad de opinión y expresión ejercida contra periodistas, en función del incumplimiento de su deber de prevenir e investigar ataques.
Los hechos ocurrieron en los días previos al golpe de Estado en Bolivia. Entre octubre y noviembre de ese año hubo episodios de violencia directa contra autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS), agresiones racistas y ataques a centros y radios comunitarias de organizaciones sociales. De acuerdo a testimonios e informes de organizaciones de derechos humanos, el rol de grupos de civiles fue clave. Con distintos niveles de apoyo o complicidad por parte de fuerzas de seguridad, estos grupos se encargaron de vigilar -físicamente o por redes sociales-, perseguir, amenazar y fomentar el miedo entre personas asociadas al MAS y a movimientos sociales.
Esta denuncia pretende contribuir con el proceso más amplio de memoria, verdad y justicia que está llevando a cabo la sociedad boliviana sobre las violaciones cometidas a raíz del golpe de 2019, que tuvo como momento emblemático la reciente publicación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe del GIEI determinó que al menos 37 personas perdieron la vida y centenares recibieron graves lesiones. Que la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, cometieron ejecuciones sumarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. El informe describe, asimismo, el carácter fuertemente autoritario de acciones tomadas por grupos civiles como el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y el impacto del discurso racista y anti indígena de sus líderes en la profundización de la violencia. Entre los hechos atribuibles a estos grupos y a otros similares se encuentran los graves ataques y violentas amenazas contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo los que terminaron en la muerte del argentino Sebastián Moro.
Fuente: CELS
