Canal 7: trabajadorxs respondieron las mentiras del ministro Hernán Lombardi

El Ministro Hernán Lombardi se lanzó en el día de ayer a un intenso raid mediático de mentiras para encubrir, con un falso e impostado discurso “democrático”, el vaciamiento deliberado de la Televisión Pública, que busca desactivarla para liquidar el servicio que presta a los argentinos, o eventualmente implementar una privatización encubierta entregando su control a alguna productora amiga, de lo cual hay ya algunos indicios.

En el día de ayer, Lombardi se convirtió en un atleta del micrófono, realizando notas en los programas radiales de Pablo Vilouta (La Red) y Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), a quienes solicitamos derecho a réplica y en La Nación + con su escriba favorito, Pablo Sirvén, quien en la tapa de ese diario publicó las falsedades del pasado domingo 7 de enero, sin consultar nuestra versión, más allá de citar -apenas y mal- un comunicado.

“Creemos en lo público”, contó el ministro, pero hay “privilegios que nadie puede aguantar”. Lombardi sabe que los privilegiados no somos los trabajadores, que tenemos salarios de convenio negociados con su gestión en la última paritaria hace quince meses, sino los funcionarios que se autofijaron determinados sueldos para cargos para los que no concursaron. Es el caso de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que cobró 196 mil pesos durante casi dos años en el canal. Solo promediando con esos montos es posible alcanzar las cifras que difunde el ministro.

Hernán Lombardi miente cuando dice que la financiación de la TV Pública sale en su totalidad del presupuesto nacional, cuando al menos el 70 por ciento proviene de un gravamen a empresas audiovisuales privadas establecido por la ley 26.522, sobre la comercialización de los productos y la publicidad propia, a lo que hay que sumarle lo que el canal recauda en concepto de publicidad. Lo que Lombardi presenta como privilegios, como el uso de los automóviles por parte de los camarógrafos, es la práctica usual y convencional en absolutamente todos los noticieros de los canales de televisión, simplemente porque es mucho más económico y práctico para los medios hacerlo de esa manera que tener una flota de autos con chofer, o contratar taxis. Lombardi miente además cuando dice que la planta de la TV pública se incrementó en un 70 por ciento entre 2002 y 2015. Una mayoría de esos trabajadores ya cumplía funciones en el canal, pero de manera tercerizada y sin estar registrados, y fueron sucesivamente incorporados y legalizados. En el caso del noticiero, por ejemplo, la planta disminuyó en relación al aumento de horas de aire -que pasó de 19 a 30 horas semanales, y que con las actuales decisiones vuelve a tener menos de veinte horas aire-, la creación de nuevas plataformas como la web o nuevas funciones como la digitalización del archivo histórico.

Por último, miente también Lombardi y la gestión del canal cuando afirma que con estas políticas persigue una TV Pública moderna y de calidad. Fuimos en cambio los trabajadores quienes planteamos en reiteradas oportunidades durante estos dos años la necesidad de incorporar e implementar nuevas tecnologías, renovar el equipamiento técnico que en algunos casos es obsoleto y avanzar en programas de capacitación profesional, sin tener ningún tipo de respuesta positiva por parte de las autoridades.

Aunque ni Vilouta ni el servicial Sirvén se lo preguntaron, Lombardi debería contarle a la opinión pública, en alguno de sus numerosos y frecuentes contactos con los medios: a) en qué invirtió su ministerio los 5000 millones de pesos recaudados en 2017 por la ley 26522, de los cuales solo el 20% fue destinado a la Televisión Pública; b) Cuánto costó exactamente el contrato con la multinacional Mercer América Latina durante un año para suministrarle los datos falseados y ad hoc que repite en cada entrevista, y que se resumen en echarle a los salarios de los trabajadores del canal la culpa de todos los problemas de gestión y política que tiene la Televisión Pública, y c) Cuál es la programación y las políticas comunicacionales que su ministerio diseñó para la Televisión Pública para 2018. Porque de eso, Lombardi, dentro de su verborrea, prefiere no hablar.

La actual política de vaciamiento y ajuste privará a la sociedad de espacios importantes de información pública, como los noticieros de fin de semana, carencia que consideramos una forma de censura encubierta.

No hay ningún tipo de programación ni propuesta profesional para el 2018, solo latas y tercerización. En la actualidad, solo los noticieros y Cocineros Argentinos se realizan en el canal. La gestión pretende una Televisión Pública vacía, sin noticias y sin producción propia. Su política de ajuste llega al ridículo de recortar todas las horas extras que, en una planta que disminuyó, hecho crítico que se agrava en el período de vacaciones, pone en riesgo la propia pantalla ya que no contamos con la dotación mínima para garantizar la operatividad diaria. Según lo admitió públicamente en su charla de café con Sirvén, (apenas) “el 15% de la masa salarial de la Televisión Pública corresponde a horas extras”. Su provocación llegó a tal nivel que trataron que los informativos no se emitan para culpar a los trabajadores. No se lo permitiremos: si esta semana los noticieros están al aire es por exclusiva voluntad de sus trabajadores a contramano de las indicaciones de la gestión. Para coronar esta provocación, los días lunes y martes amanecimos con carros de asaltos y patrulleros de la fuerza de seguridad en las instalaciones del canal público. La policía como solución a todo, una fórmula repetida por estos días, aunque Lombardi no se haga cargo.

Por todo esto, estamos en estado de asamblea permanente y movilización, exigiendo una solución urgente y alertando al conjunto de la sociedad del brutal ataque a los medios públicos en general y a la TV Pública en particular, del gobierno y la gestión encabezada por el ministro Hernán Lombardi y el presidente de RTA, Miguel Pereira.

No vamos a permitir que reduzcan el canal público a su mínima expresión ni que lo privaticen de manera encubierta. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos profesionales y laborales. La información no es una mercancía ni un espectáculo, es un derecho.