La demanda ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión precisa que se produjeron como consecuencia de una “persecución político-ideológica” por parte de la empresa y como una “violación del derecho humano de opinión y expresión”.
Los despidos masivos en la agencia Telam fueron denunciados como producto de una “persecución político-ideológica” por parte de la empresa y como una “violación del derecho humano de opinión y expresión” ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.
La presentación fue hecha por el diputado nacional Leopoldo Moreau, en su condición de titular de la Comisión de Libertad de Expresión, y dirigida al relator David Kaye, cuya intervención inmediata se solicita. A su vez, la CGI de Télam ya estableció contacto personal con Kaye y con el Relator de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, a los fines de entrevistarse con ambos, que tienen programadas visitas oficiales a la Argentina.
“La decisión de despedir a 357 trabajadores, por motivos político-gremiales, tomada por el Directorio de Télam S.E., fue avalada por el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, razón por la cual, el Estado argentino resulta internacionalmente responsable en la vulneración del derecho a la libertad de expresión y opinión”, advierte la denuncia.
El documento señala que los despidos y las razones argumentadas por la empresa violan la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Protección y la promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, todos acuerdos internacionales con rango constitucional en la Argentina.
“Periodistas de distintas especialidades, reporteros gráficos, columnistas, operadores técnicos y especialistas en nuevas tecnologías y diversas plataformas fueron dejados sin trabajo aduciendo no sólo un reordenamiento administrativo, sino admitiendo una clara persecución política y gremial, ya que en el comunicado oficial se hace expresa referencia a los dirigentes sindicales, acusándolos de obstaculizar la empresa, cuando en realidad se trata del ejercicio de la libertad sindical reconocida en el ámbito del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo”, reseña la presentación.
La documentación incluye las cartas documento de despidos y cita un comunicado del directorio, que argumenta “las verdaderas razones políticas y de persecución sindical” de la decisión.
“Claramente el propio comunicado oficial de la agencia nacional de noticias habla de diferencias gremiales y políticas con los delegados y con los trabajadores, violentando los principios de libertad sindical y de libertad de expresión y opinión, reconocidos por la comunidad internacional.
Se los despide por su línea editorial, por su pensamiento y por su trabajo gremial, dejando a casi el 40 por ciento de los periodistas en la calle”, afirma el texto, que además cita el fallo del juez nacional del Trabajo Ricardo Jorge Tatarsky, que también subraya “el ánimo persecutorio de esta decisión estatal”.
Como elemento probatorio, la presentación de la Comisión de Libertad de Expresión adjunta la versión taquigráfica de la reunión en Diputados del miércoles 11, “en la que los funcionarios se autoincriminaron admitiendo prejuicios político-partidarios e ideológicos en la toma de su arbitraria decisión que afecta, como pocas veces ocurrió en nuestro país desde la restauración democrática en 1983, la libertad de expresión, el libre ejercicio del derecho a la información y vulnera principios básicos de la democracia”.
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