l abogado laboralista e integrante del equipo de Legales del SiPreBA consideró que “el proyecto que impulsa el gobierno es presentado como una necesidad social más para los trabajadores que para los empresarios”, a lo que se preguntó “qué trabajador tiene necesidad de trabajar menos y cobrar menos en la Argentina, más en un contexto de devaluación del salario y de falta de trabajo”.
León Piasek: “de trabajo no queda nada en el degradado Ministerio”
En declaraciones periodísticas el abogado laboralista e integrante del equipo de Legales del SiPreBA consideró que “el proyecto que impulsa el gobierno es presentado en los medios más pegados al oficialismo como una necesidad social más para los trabajadores que para los empresarios”, a lo que se preguntó “qué trabajador tiene necesidad de trabajar menos y cobrar menos en la Argentina, más en un contexto de devaluación del salario y de falta de trabajo”.
El especialista en derecho laboral explicó que “la reducción de la jornada de trabajo viene de la mano de una reducción salarial; es una quita salarial directa y una imposición por parte del gobierno y de las empresas para “sortear la crisis”, como ellos dicen. Y alertó que lo que no se anuncian son medidas para reactivar el mercado y para cambiar la política económica.
León Piasek consideró que “los empresarios le piden al gobierno un cambio en la política económica, una reducción de los impuestos, de algunas cuestiones relacionadas a la importación indiscriminada, pero no una reforma laboral”.
Las estadísticas indican que casi del 70% de las empresas no va a contratar personal en 2019 porque no pueden.
Respecto del fondo para el cese en el que el trabajador aporta para pagar su propia indemnización, como sucede en la construcción, explicó que la idea es reducir las indemnizaciones por la pérdida del trabajo, aunque en algunos medios, como La Nación, digan que “al fondo de cese laboral solo van a aportar los empleadores”.
Añadió que en el mismo diario se señala una contradicción, porque informa que “ha aumentado la cantidad de empresas que han pedido procedimientos preventivos de crisis, es decir que tratan alguna alternativa para reducir la supuesta crisis vía despidos o suspensiones a los que hay que sumarles las quiebras, los cierres directos que alcanzan a unos 100 mil trabajadores registrados, sin contar lo que los despidos en el Estado y los retiros voluntarios que de voluntarios no tienen nada”. Precisó que por esto “el desempleo en algunas provincias ya llega a más del 10 por ciento”.
Piasek indicó que “muchas veces se ha tratado de generar indemnizaciones reducidas o suprimirlas de los convenios.
Al respecto, aclaró que no son los abogados laboralistas los que dicen que pagar indemnizaciones por debajo de lo que establecen los convenios es inconstitucional. En tal sentido, señaló que “son las leyes, la jurisprudencia y los estatutos los que lo establecen”.
Es una forma más de precarización, que “los empresarios no necesitan y no están pidiendo”, aseveró. “Porque necesitan reactivar sus empresas y volver a producir”, concluyó.